Gobierno corporativo

El sistema que se usa para dirigir y controlar una corporación se conoce como gobierno
corporativo. Define los derechos y las responsabilidades de los participantes corporativos
clave, como los accionistas, la junta directiva, los funcionarios y administradores,
y otras partes interesadas, así como las reglas y los procedimientos para la toma
de decisiones corporativas. Además, comúnmente especifica la estructura a través de
la cual la empresa determina sus objetivos, desarrolla planes para lograrlos y establece
procedimientos para supervisar el rendimiento.
La figura 1.1 de la página 6 ilustra la estructura típica del gobierno corporativo, en
la que los accionistas (propietarios) eligen una junta directiva (sus representantes), que a
su vez contrata funcionarios y administradores (profesionales) para que operen la empresa
de manera congruente con las metas, los planes y las políticas establecidos y supervisados
por la junta en nombre de los accionistas. Generalmente, las políticas de la junta
directiva especifican las prácticas éticas y protegen los intereses de las partes interesadas.

Inversionistas individuales e institucionales

Evidentemente, la principal responsabilidad de la junta directiva corporativa es con
sus accionistas. Para entender mejor esta responsabilidad, es útil diferenciar entre dos
grandes clases de propietarios: individuos e instituciones. Los inversionistas individuales
son inversionistas que compran cantidades relativamente pequeñas de acciones
para garantizar su rendimiento sobre fondos inactivos, crear una fuente de ingresos para
el retiro u obtener seguridad financiera. Los inversionistas institucionales son profesionales
de inversión que reciben un pago por administrar el dinero de otras personas.
Mantienen y negocian grandes cantidades de valores para individuos, empresas y gobiernos.

Entre los inversionistas institucionales se encuentran los bancos, empresas de seguros, fondos de inversión y fondos de pensiones, que invierten grandes sumas de dinero
para obtener rendimientos competitivos para sus clientes y participantes en planes.
Los inversionistas institucionales ejercen mucho más influencia en el gobierno
corporativo que los inversionistas individuales. En pocas palabras, puesto que poseen
grandes cantidades de acciones comunes y los recursos para comprar y vender importantes
bloques de acciones, los inversionistas institucionales tienen la capacidad de
mantener la atención de la administración. Si un inversionista institucional grande
vende o compra un bloque considerable de acciones, es probable que el precio de las
acciones baje o suba, respectivamente. Obviamente, estos grandes inversionistas tienen
una influencia mucho mayor que el inversionista individual.


inversionistas individuales

Inversionistas que compran
cantidades relativamente
pequeñas de acciones para lograr
sus metas personales de inversión.

inversionistas institucionales

Profesionales de inversión,
como las empresas de seguros,
fondos de inversión y fondos de
pensiones, que reciben un pago
por administrar el dinero de
otras personas y que negocian
grandes cantidades de valores.


Ley Sarbanes-Oxley de 2002

A principios del año 2000, diversos organismos reguladores descubrieron y revelaron
numerosos delitos corporativos. Estos delitos se originaron por dos tipos principales
de problemas: 1) revelaciones falsas de informes financieros y otros comunicados informativos
y 2) conflictos de intereses encubiertos entre las corporaciones y sus analistas,
auditores y abogados, así como entre directores, funcionarios y accionistas
corporativos. En respuesta a estas revelaciones fraudulentas y conflictos de intereses
el Congreso de Estados Unidos aprobó, en julio de 2002, la Ley Sarbanes-Oxley de
2002 (denominada comúnmente SOX).
El objetivo de la Ley Sarbanes-Oxley es eliminar los diversos problemas de revelación
de información y conflictos de intereses que habían surgido, llevó a cabo lo siguiente:
estableció una oficina de vigilancia para supervisar la industria contable;
aumentó las regulaciones y los controles de auditoría; endureció las sanciones contra
directivos que cometieran fraude corporativo; fortaleció los requisitos de revelación
de información contable y las normas éticas para funcionarios corporativos; estableció
directrices para la estructura y membresía de la junta directiva corporativa; estableció
normas para los conflictos de intereses de analistas; ordenó que los directivos
corporativos publicaran en forma inmediata la venta de acciones y aumentó la autoridad
y los presupuestos de auditores e investigadores para la regulación de valores.
Aunque es demasiado pronto para conocer todos los efectos de la SOX, la mayoría de
los comentaristas creen que tendrá éxito en la eliminación de las revelaciones fraudulentas
y los conflictos de intereses de las corporaciones.